Zona Franca

Julián Rodríguez

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Las chapuzas del Popular

Solo el Santander está a la altura e intenta mitigar los quebrantos para los minoritarios

TODO RESULTA improvisado en la crisis del Popular. El fino cálculo que se le supone a un financiero o a un supervisor bancario se diluye en este caso por la fuerza de los hechos y la inconsistencia de las palabras y los argumentos. Cuando se cumple un mes de la intervención e inmediata venta por un euro al Santander, solo la entidad que preside Ana Patricia Botín parece dar pasos con cierta determinación, gusten finalmente o no a los antiguos accionistas del Popular. Mucho se juega el Santander en este envite. Y ello explica la reciente y singular oferta para retener a los minoritarios, que pese a las explicaciones iniciales también levanta ciertos recelos.

Para hablar de improvisación, nada mejor que mirar a Madrid. Y no precisamente a Boadilla del Monte, centro de operaciones del banco de origen cántabro. Sin ir más lejos, basta con girar la vista hacia el Congreso de los Diputados. En la Carrera de San Jerónimo hemos asistido esta misma semana a toda una prueba de vida de lo que realmente es el Banco de España en estos momentos. Ha hecho falta nada menos que una crisis financiera antológica para caer en la extraña mutación. Escuchar al gobernador del Banco de España aludir con pasmosa tranquilidad en sede parlamentaria a su nulo papel en la caía del Banco Popular supone, lejos de un obligado acto de contricción, una triste demostración de para qué sirve un supervisor bancario en nuestros días. Para nada.


En ese escenario confluyen, precisamente, las dos vías abiertas, la de los tribunales civiles y la propuesta del Santander

"El Banco de España en la resolución no tiene ni voz ni voto, no tiene ninguna función; en materia de resolución es un mero observador", se despachó Luis María Linde, que insistió en que la institución no tuvo "ninguna participación" en la decisión de las instituciones comunitarias sobre el Popular. La omisión del deber de socorro, tipificada en el Código Penal para cualquier españolito, es un chiste para el gobernador, más aún cuando el banco arrastraba problemas pretéritos, larvados en el tiempo. Ninguna responsabilidad. Mero observador. Esa es la realidad del Banco de España hoy en día. Observa y de vez en cuando alecciona sobre las pensiones o los salarios, con sus consabidas recomendaciones. ¿Conclusión? La pérdida de soberanía financiera de España en cuanto al control de sus bancos, y muy al contrario que Italia, por ejemplo, es más que una evidencia. Si la responsabilidad no la tuvo Luis María Linde, quizá haya sido de los medios de comunicación, como apunta en otro informe nada atinado la Junta Ùnica Resolución, es decir, Europa. "La cobertura negativa en la prensa" precipitó el cierre, se acaba de despachar el organismo que finiquitó al Banco Popular, que sin embargo oculta otros informes claves en el caso. Todo balones fuera.

Y entre desatinos de unos y otros, Ana Patricia Botín mueve ficha, da pasos. Y anuncia una operación que sin duda generará recelos cuando el folleto informativo de la emisión se registre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, allá por septiembre. De momento, el Santander avanza que compensará a los pequeños accionistas que son clientes y que acudieron a la última ampliación de capital. Lo hará a cambio de la renuncia a acciones judiciales por parte de los inversores, de entrada. Se trata de unos bonos de fidelización en los que se dejará unos 980 millones de euros.

Para cubrir los quebrantos generados, la letra pequeña que conocemos hasta ahora alude a una emisión de bonos a perpetuidad, y eso suena fatal. Las participaciones preferentes también eran emisiones a perpetuidad. Además, se podrán amortizar a partir de los siete años, siempre a voluntad del Santander. Las preferentes, de tan mal recuerdo, también se amortizaban previo beneplácito de las cajas, en el caso gallego, si cumplían a futuro unos requisitos de beneficios y solvencia que no lograron.

Todo ello no añade más que dudas a la propuesta del Santander, calificada ya desdesde algunos ámbitos como "bonos trampa". Sin embargo, poco margen tiene un minoritario ante esta estrategia si quiere recuperar su dinero. Con los bonos, Ana Patricia Botín persigue un tres en uno: retener a los clientes y sus depósitos, contentar a los miles de empleados que acudieron a la ampliación y lo perdieron todo, y aminorar el efecto de las embestidas judiciales, que las habrá y a cientos.

Recuperar el dinero invertido. Al menos, parte. En ese escenario confluyen, precisamente, las dos vías abiertas, la de los tribunales civiles y la propuesta del Santander. Pero todo esto tiene unos responsables, por mucho que Linde mire para otro lado, y Europa apele a la prensa. Años va a tardar en resolverse por la vía penal tamaña improvisación que tanto daño ha causado.

Portugal y la nueva baza de la fiscalidad
En el debate de las deslocalizaciones hay mucha miga y demasiados tiros al aire. Nada tiene que ver una empresa gallega que adquiere otra en Portugal, o que crea allí una filial o levanta una nave en un polígono industrial por sus ventajas logísticas, que un proveedor de una multinacional que opta por el norte luso frente al sur de Galicia para abastecer desde allí a ese grupo, caso de Citroën con las industrias de componentes. Generalizar, por tanto, es desenfocar el problema, que sin embargo está sobre la mesa. Las tres universidades gallegas apoyan un centro de nanotecnología en Braga y nadie habla de deslocalizaciones en I+D+i.

Viene todo esto al caso de determinadas ventajas que ofrece el norte luso. El lugar común indica que son los salarios bajos, suelo prácticamente gratis y unas infraestructuras competitivas lo que ofrece Portugal como ventaja comparativa frente a Galicia. Sin embargo, hay bazas que no están en el debate y resultan determinantes. Por ejemplo, una fiscalidad ventajosa. El Círculo de Empresarios de Galicia, desde Vigo, alude a una sustancial mejora de la competitividad tributaria portuguesa para favorecer la implantación de empresas.

Citan nada menos que el impuesto de sociedades, al que se aplican deducciones por reinversión parcial de beneficios. En el impuesto sobre la renta, y en el caso de trabajadores extranjeros expatriados, hay un tipo único reducido durante al menos diez años. En el ámbito local, se establecen reducciones o exenciones totales para el impuesto municipal sobre bienes inmuebles. Portugal, así, se pone las pilas para captar inversión extranjera. Hay que tomar nota.

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